Introducción
Al hablar del siglo XVIII en la Real Audiencia de quito es necesario hacer referencia a los aspectos que determinaron el desarrollo o la decadencia de sectores económicos, políticos y sociales específicos. A nivel económico se manifestaron dos procesos diferentes: por un lado, el descenso y la decadencia de la producción de textiles en los obrajes serranos y, por otro , el crecimiento económico del litoral como resultado del auge de la producción de cacao.

El primer aspecto señala el fin de la relación económica establecida a nivel regional (los Andes) que giraba en torno a la producción de la plata de las minas de Potosí y el segundo representa el inicio de la inserción del espacio de la Real Audiencia en el mercado internacional. En cuanto a la propiedad de la tierra, se produce un proceso paulatino de concentración de este recurso en manos de unos pocos grupos familiares, que dio como resultado la consolidación del latifundio.

A nivel político, y como consecuencia de las medidas fiscales implementadas por los Borbones ­ casa reinante en España desde inicios del siglo XVIII -, empieza el deterioro del poder de la Corona y de sus funcionarios en beneficio de los criollos , descendientes de españoles nacidos en tierras americanas, manifestándose en numerosas ocasiones vacíos de poder y de legitimidad.

En el plano social, existe una inquietud constante de la población, sobre todo indígena, ante la posibilidad siempre presente de la aplicación de nuevas y más duras medidas fiscales. Este descontento desencadenó, durante todo el siglo, una serie de sublevaciones indígenas y de levantamientos de los criollos y mestizos que bien pudieron constituir la base del posterior proceso independentista.

Desarticulación Regional y Reorientación de la economía de la Real Audiencia de Quito
Durante los siglos XVI y XVII la economía de la Real Audiencia de Quito formó parte de un sistema integrado a nivel regional, cuyo eje fue la exploración de las minas de plata de Potosí, en el Alto Perú. La contribución de Quito a este mercado regional se basó en la producción y distribución de textiles. Si bien el sector obrajero fue el más dinámico de la economía colonial, éste a su vez dio vida al sector agrícola y sobre todo al pecuario con el incremento de la cría de ganado lanar.

La crisis minera de Potosí
En el siglo XVIII, la producción minera de Potosí decayó considerablemente lo que dio lugar a la desintegración del circuito mercantil regional. La Real Audiencia de Quito dejó de producir textiles en la magnitud que lo había venido haciendo y los obrajes vivieron un período de decadencia. La crisis se agudizó aún más con la introducción de productos extranjeros en el espacio colonial los mismos que, en razón de su mejor calidad, compitieron, con mayor ventaja, con la producción quiteña.
La minería peruana entró en crisis por la conjugación de varios factores. Entre ellos podemos señalar los siguientes: los yacimientos minerales intensamente explotados entraron en una etapa de agotamiento; la población indígena, mano de obra barata, disponible para los trabajos en las minas, se encontraba en un período de disminución en razón de la sobre explotación de la que había sido objeto; el mineral se encontraba cada vez a niveles más profundos y no se contaba con los recursos técnicos necesarios para explotarlo con eficiencia (Arias: 1989: 1992 y ss).

Crisis del sistema colonial
La crisis económica no afectó únicamente al espacio colonial. En esta época España se encontraba también en un período de grandes dificultades económicas el tesoro público había disminuido. La Corona se impuso como tarea conseguir mayores ingresos, y para lograrlo se implementaron políticas conocidas en la literatura histórica como las "reformas borbónicas". Estas reformas intentaron mejorar la economía y su objetivo central fue conseguir más dinero para el Tesoro Público.

Las medidas consistieron en la emisión de moneda de baja ley (es decir con mayor contenido de cobre); la legalización de las posesiones de tierras en la colonias, a través de las "composiciones" (obtención de un título de propiedad a cambio del pago de una suma de dinero); la venta de cargos públicos y títulos de nobleza, es decir, dinero a cambio de favores y privilegios; exigencia de donaciones a la Corona y de préstamos a particulares a las ciudades y corporaciones; retribución en dinero de favores, privilegios y otras concesiones; libre circulación de mercancías al interior del espacio colonial, con la supresión de las aduanas internas; libre introducción de efectos europeos en América, sobre todo textiles; organización de un sistema de transporte de mercancías más moderno y eficiente, para lo cual se suprimieron las flotas de navíos, se introdujeron naves de registro, más ágiles y autónoma, y se mejoraron los puertos (Arias: 1989: 199).


Los cambios en la Metrópoli

La toma del poder político de España por los Borbones, en reemplazo de los Habsburgo, en 1700, determinó un giro en la política económica, dando lugar a cambio mucho más profundos, en consonancia con el movimiento de la economía mundial. Se introdujeron medidas destinadas a facilitar y promover la producción y el comercio, tanto en la metrópoli como en las colonias, renunciando a la vieja concepción mercantilista. Esta nueva política implicaba la supresión del monopolio y la participación abierta de otros países europeos en el comercio con las colonias.

Felipe V (1700 ­ 1746), ayudado por Alberoni, emprendió el restablecimiento de la economía interna: suprimió las aduanas internas permitiendo la libre circulación de mercaderías; estableció fábricas estatales a fin de acrecentar la producción industrial; organizó una flota importante y mejoró los puertos del país. Fernando VI (1746 ­ 1759) y Caros III (1759 ­ 1788) continuaron las reformas, sobre todo el último, con sus ministros Aranda, Floridablanca y Campomanes, todos partidarios de la libertad industrial y comercial. Esta nueva política había mejorado la situación interna. La industria y el comercio se triplicaron y la población hacia caso doblado.

Felipe V (1700 ­ 1746) otorgó a Francia el derecho de introducir esclavos en América a cambio de mercancías, y en 1713, a través del Tratado e Utrecht, se otorgó este derecho a Inglaterra. En 1728 se estableció la Casa de Contratación en Cádiz y se creó la Compañía de Comercio. Más tarde, Fernando Vas (1746 ­ 1759) y Carlos III (1759 ­ 1788) se mostraron también partidarios del libre comercio.

En 1765 se puso fin al monopolio de Cádiz y Sevilla y se autorizó a las puertos de Barcelona, Santander, Coruña, Málaga, Alicante, Cartagena y Gijón comerciar con América. En 1778, a través de la "Pragmática de libre comercio", se amplio esta posibilidad a trece puertos españoles y veinte americanos. En 1797 se autorizó el comercio entre las colonias y los Estados Unidos y Francia.

La reducción del comercio de textiles y la introducción de efectos europeos al territorio de la Audiencia de Quito, afectaron directamente a los centros de producción de estos artículos conocidos como "obrajes", lo que trajo como resultado el cierre de muchos de ellos. El comercio de textiles hacia el polo minero de Potosí se liquidó, pero continuó articulado a los espacios del norte del Perú y del Virreinato de Santa Fe, lo que evitó la crisis obrajera total.

Entre 1779 y 1783 ingresaron 4'313.516,6 pesos por concepto de exportación de textiles al norte, con un crecimiento del 142.14% en relación con 1700 (Marchán: 1989:257). La articulación con el espacio norte estuvo también en función de la producción minera de Nueva Granada. De igual forma, la producción agropecuaria de las haciendas encontró mercado para sus productos agrícolas en la Costa, cuya economía se encontraba reactivada gracias a la producción del cacao.

Sin embargo, a pesar del comercio con el norte, la cantidad del dinero que ingresaba a la Audiencia era reducida, por lo que las autoridades establecieron otros mecanismos para generar recursos, como el incremento del cobro de tributos a los indígenas.

La suma de estas circunstancias: importación de mercancías, reducción de las exportaciones, reducción del comercio regional y envió a España de la masa de dinero recaudado por concepto de tributo, trajo como consecuencia inmediata la escasez de moneda en el espacio colonial quiteño.

Causas de la crisis
La libertad de comercio y la competencia que significó para las manufacturas textiles la introducción de efectos extranjeros: Los textiles de Quito eran de inferior calidad y para su producción se empleaban técnicas poco rentables, se trabajaba en telares de mano y, sobre todo, los trabajadores en los obrajes se conseguían a la fuerza a través de la mita. También el sistema de obrajes fue objeto de transformación, cuando en 1704 se suprimió la mita como forma de trabajo en los obras de comunidad, se los clausuró y pasaron a mano de particulares. Este proceso generó rentas para la Corona a través del pago de licencias de funcionamiento (Terán: 1989: 270).

Aumento de la tributación: Según datos proporcionados por González Suárez, en cuatro años el presidente José García de León y Pizarro logró recaudar 1'017.300 pesos, mientras que su predecesor en siete años sólo había recaudado 713.351 pesos (González Suárez: 1970: 1204). En este hecho intervinieron algunos factores como un nuevo censo de población, la supresión de los intermediarios en el cobro y la intensificación de la explotación a la población indígena sujeta al pago del tributo.

La escasez de circulante provocada por varias razones: La salida de moneda hacia a metrópoli, la falta de exportaciones textiles y la transferencia de ingresos para los jesuitas exiliados en Italia.

La concentración de la propiedad de la tierra y consolidación del latifundio: Este proceso no fue un aspecto propio del siglo XVIII. Durante el período colonial las propiedades de los españoles, y posteriormente de los criollos y mestizos, se expandieron con la implementación de ciertos mecanismos, algunos de ellos legales pero muchos arbitrarios. Entre los primeros se puede mencionar a la distribución de tierras por parte de las autoridades coloniales; la compra de tierras; las concesiones realizadas por las autoridades étnicas en favor de personas particulares o comunidades religiosas. Entre los segundos se puede mencionar sobre todo al constante despojos de la propiedad indígena, bien por la falta de títulos o por el abandono de las tierras comunitarias por la disminución de la población y el forasterismo, es decir, la huida de los indígenas de sus parcialidades con el fin de evadir las contribuciones. Los indios forasteros no estaban sujetos al sistema de tributo. En el siglo XVIII la Corona implementó un mecanismo de legalización de las tierras mal o bien adquiridas, a través de las "composiciones". Los propietarios tenían que justificar la propiedad por medio de la presentación de los respectivos títulos. Quienes se encontraron en mejores condiciones para hacerlo fueron los criollos y los españoles peninsulares, mediante los documentos otorgados con anterioridad por la Corona. Muy pocos indígenas aprovecharon de este recurso, por no poseer los papeles que garantizaran su propiedad.

La concentración de tierras favoreció fundamentalmente a las órdenes religiosas (en particular a la de los jesuitas) que lograron acumular enormes extensiones de tierra. Según González Suárez, setenta y siete de las mejores y más productivas haciendas estuvieron en sus manos.

En 1767 se emitió la orden de expulsión de los jesuitas y sus propiedades pasaron a manos de algunas familias, lo que dio lugar a que los españoles y criollos concentraran en sus manos la mayor cantidad de tierras. De esta manera, el Marqués de Selva Alegre y el corregidor Joaquín Tinajero (pariente del primero) recibieron ocho latifundios. De diecinueve haciendas en Imbabura, catorce pasaron a manos de cuatro propietarios y seis a la familia Calixto Muñoz.

En Pichincha, treinta propiedades pasaron a seis personas, entre ellas Pedro Ante y el Marqués de Selva Alegre. En Cotopaxi, este último personaje recibió cuatro haciendas. En Cuenca, de diez haciendas, ocho pasaron a ser propiedad de Juan Chica y Sánchez y dos de Manuel García. En Guayas y El Oro, Miguel de Olmedo y Pedro Arteta recibieron también una buena cantidad de tierras (Arias: 1990 : 206 ­ 207).

Por otra parte, el sistema de encomienda entró en un proceso paulatino de liquidación con su incorporación a la Corona. Se inició este proceso de liquidación con las encomiendas de personas no residentes en las colonias. En 1718 la Corona decretó su incorporación total. (Terán: 1989: 270).
La disminución de la propiedad indígena incidió directamente en la utilización de la fuerza de trabajo por parte de las haciendas. Sin tierras, los indios se veían precisados a vender "voluntariamente" su energía a estas unidades de producción. El mecanismo empleado para retenerla fue el endeudamiento.

Esta forma de trabajo se conoce como "concertaje". El indígena establecía con el hacendado una relación de trabajo mediatizada por el endeudamiento. A pesar de estar estipulada la asignación de un salario por sus servicios y una parcela para sembrar y vivir con su familia, el concertaje tenía una serie de responsabilidades económicas y sociales, que lo llevaban a endeudarse constantemente con el patrón, lo que impedía que en algún momento pudiera dar por terminado su contrato.

De esta manera, la permanencia en la hacienda de la fuerza de trabajo indígena se prolongaba por generaciones. La deuda era transmitida a los hijos, por lo que la permanencia del grupo familiar en ella se daba por tiempo ilimitado.

En algunos casos, la hacienda incluía a comunidades enteras dentro de sus límites. Dentro de la hacienda, a más del sistema de endeudamiento funcionaban también sistemas ideológicos de retención de la mano de obra comunera. El patrón se convertía en una suerte de padre, protector y otorgador de bienes y servicios.

De esta manera, la consecución de mano de obra era más rentable y menos represiva que a través de la mita. Este proceso se inicio en el siglo XVII, cuando la Corona reglamentó la libre oferta de mano de obra. En 1601 se prohibió la mita de servicios personales y se estimuló a los indios para que ofrecieran "su trabajo en lugares públicos" (Pérez: 1947: 285).

Catástrofes naturales y epidemias: Otro de los factores que contribuyeron a agudizar la crisis económica fueron los cambios bruscos de clima, ya que hubo una época de sequías o excesos de lluvias o heladas. Se sucedieron también una serie de temblores y terremotos.

Sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena por la carga exagerada de trabajo y de tributos: Esto condujo a una disminución notable de esta población y a una importante migración.
En resumen, la crisis económica de la Audiencia de Quito y la crisis de Potosí no fueron fenómenos aislados; como decíamos, España se debatía también en un serio proceso de decadencia a nivel económico, político y social. Las arcas reales estaban vacías y era urgente impulsar una reforma tributaria en América, con el fin de conseguir un aumento de sus ingresos.

El comercio con las colonias era reducido y España se había convertido en un mero exportador de mercancías europeas. La guerra que sostenía con Inglaterra le resultaba demasiado onerosa y sufrió una invasión por parte de Napoleón, lo que significó el derrumbe de la monarquía.
En el espacio colonial se asistía a un proceso de resquebrajamiento de la unidad regional y la autosuficiencia económica (Marchán: 1989) . La producción textil experimentó un duro golpe con la introducción de efectos europeos.

A nivel de los sectores sociales, se fortalecieron ciertos sectores criollos (comerciantes y hacendados de la costa) frente a la pérdida de legitimidad de la Corona. La inquietud social no se hizo esperar y se produjo una ola de movimientos urbanos y rebeliones indígenas.